Por: Cindy Paola Julian Torres

El día miércoles 10 de octubre, desde las 8:00 a.m. se realizó la movilización por la educación en las ciudades de todo el país reuniendo diversos sectores y asociaciones para exigir un aumento en el presupuesto destinado a las universidades públicas. En Popayán los manifestantes se congregaron desde temprano en el norte y centro de la ciudad para dar inicio a una caminata con dirección hacia el parque Caldas.  

Estas manifestaciones se proponen lograr el aumento de la base presupuestal a 3.2 billones de pesos, garantizando el funcionamiento y el sostenimiento de las universidades para el año 2019. Parte del rubro solicitado se destinaría para Ciencia y Tecnología (Colciencias), unos 700 mil millones de pesos, y otro tanto para las Instituciones Técnicas y Tecnológicas, cerca de 1.3 billones. Con esta inversión se aminoraría la deuda histórica que tiene el Estado con la formación profesional en Colombia, que se calcula en más de 15 billones de pesos.

La Universidad del Cauca por ejemplo requiere 20 mil millones de pesos para funcionamiento y otros 87 mil millones de inversión, sólo para el año 2019; esta necesidad apremiante impulsó a estudiantes, directivos y maestros a marchar, haciendo un recorrido lleno de creatividad donde los participantes expresaron su descontento con cantos y llamativas consignas en sus pancartas.   

A la caminata por la educación se vincularon además algunas universidades privadas de la ciudad y se sumaron varias organizaciones como el sindicato del SENA, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), el sector indígena, los maestros del departamento y artistas independientes en una muestra de arte y folklor que acompañó la marcha.

Andrés Felipe Velasco, uno de los líderes estudiantiles y uno de los principales promotores de la marcha, manifestó: “la situación es muy grave, el Gobierno Nacional ha radicado un proyecto de ley para el presupuesto general de la nación, donde se quiere aumentar el presupuesto para la guerra, compra de armas y misiles. El presupuesto de la educación irá para ‘Ser Pilo Paga’, el sistema de aseguramiento a la calidad, para fomentar la educación superior, pero no hay una designación clara a la base presupuestal de las universidades”.

Y es que desde 1992, año en el que se aprueba la ley 30 que se encarga de regular “el servicio público de educación superior”, se ha evidenciado una disminución progresiva en la inversión en las universidades afectando  tanto a docentes como a estudiantes. Esta baja en los ingresos ha obligado a estas instituciones a asumir la mitad de los gastos que generan a través de prestamos y la venta de bienes y servicios; todo esto deteriorando de las condiciones laborales de trabajadores y docentes.

Juan Esteban Portilla, estudiante de  Ciencias Políticas de Unicauca expresó que el gobierno debe dejar de recortar los presupuestos que van para la educación superior, ya que no sólo se ven afectados los actuales estudiantes, sino también las futuras generaciones.

Ante este panorama la única solución que encontró la comunidad educativa para ser escuchada fue unirse y salir a las calles a marchar. Al respecto y ante esta crisis, Yeiner Yonda,  líder indígena y gobernador de Tacueyó, recuerda que desde la aprobación de la ley 30 no se analiza a fondo la problemática de la educación pública, por lo que hace un llamado a nombre del movimiento indígena para que el Estado se siente a dialogar.

Las quejas y solicitudes se repiten en de todo el país mientras que el Estado brinda pocas alternativas de solución inmediata a estas problemáticas que ha desembocado que buena parte de las Instituciones de Educación Superior se declaren en paro indefinido.